Ciudad de México, 26 de enero, 2021.- Las irregularidades en el patrimonio de Alfredo Castillo Cervantes que fueron detectadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciaron en el año 2014, cuando fue nombrado al frente de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, que en dos años gastó, de manera opaca, más de 207 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no fiscalizó los recursos públicos que fueron asignados durante 2014 y 2015 para pacificar a la entidad. En enero de 2014, cuando el presidente Enrique Peña Nieto creó dicha comisión mediante un decreto, Castillo pasó de ejercer un presupuesto de 21 millones, asignado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), del que en ese momento era titular, a un presupuesto de 118 millones 63 mil 183 pesos.
La ASF no fiscalizó los recursos públicos que fueron asignados durante 2014 y 2015. (Jorge González) Es en ese año en el que la SFP ubicó que el patrimonio de Castillo Cervantes comenzó a incrementarse de manera secreta, pues a partir de 2014 y hasta el año 2016, el entonces funcionario no reportó en sus declaraciones patrimoniales la apertura de seis cuentas bancarias, a su nombre y el de su esposa, en las que acumuló 18 millones 300 mil pesos. La SFP informó que en un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, se detectó que el ex funcionario “faltó a la verdad”. Por esas omisiones, la SFP procedió a inhabilitarlo por 10 años para ocupar empleos o cargos públicos.
Los recursos económicos asignados a dicha Comisión, que tenía la misión de detener la guerra entre el crimen organizado y los grupos de autodefensas, no estaban incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 aprobado por la Cámara de Diputados, pues dicho organismo fue creado en enero. Por lo tanto, el Ejecutivo federal adecuó el presupuesto de la Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, de la que dependía dicha Comisión, para dotarlo del financiamiento necesario para emprender los trabajos de restablecimiento del orden en la entidad. Para lograr ese objetivo, la Comisión a cargo de Castillo tendría amplias facultades en la entidad, pues ejercería la coordinación de todas las autoridades federales, estatales y municipales para recuperar la seguridad en el estado. Y para ello, tendría una alta asignación de recursos económicos.
El presupuesto de la Comisión en 2014 fue superior a los recursos asignados a la Coordinación Nacional Antisecuestro, que tuvo 21.8 millones de pesos y casi similar al de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, que ese año tuvo 134.6 millones de pesos. La SFP informó que en un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, se detectó que el ex funcionario “faltó a la verdad”. (Especial) Sin embargo, de los 118 millones 63 mil 183 pesos de presupuesto asignado para la Comisión en el 2014, la mayor parte, 114 millones 577 mil 999, fue destinada al pago de servicios personales, es decir sueldos, y sólo 3 millones 491 mil 206 fueron destinados a gastos de operación. Según el decreto que dio origen al organismo, los recursos humanos que empleara, provendrían de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Policía Federal.
“El Comisionado Nacional de Seguridad y el Comisionado General de la Policía Federal deberán prestar el apoyo de recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y presupuestarios que requiera el Comisionado para el cumplimiento del objeto de este Decreto”, decía el artículo sexto del decreto.
A unos días del primer aniversario de la creación de la Comisión, Castillo informó los resultados conseguidos, entre los que destacó la captura y el abatimiento de algunos de los principales líderes del grupo delincuencial en la entidad, como Nazario Moreno, Enrique Plancarte, Dionicio Loya Plancarte, Francisco Galeana, así como jefes de plaza o sicarios. Además, que habían sido detenidos 224 servidores públicos por delitos en general contra el sistema de seguridad pública, homicidio, secuestro, delitos contra la salud, delincuencia organizada, extorsión, enriquecimiento ilícito y peculado, de entre los cuales ya habían sido consignados tres ex secretarios del gobierno estatal, seis presidentes municipales, un tesorero, dos síndicos, 11 directores municipales de seguridad pública, tres subdirectores de seguridad pública, ocho policías ministeriales, 29 policías estatales y 150 policías municipales.
En 2015, Castillo Cervantes finalizó sus labores en la Comisión de Michoacán, la cual ese año tuvo un presupuesto menor, pues solo ejerció 89.3 millones de pesos, de los cuales 86.8 millones fueron para pagar servicios personales y sólo 2.5 millones para gastos de operación.
